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La Junta de Extremadura ha declarado de interés regional un mega complejo turístico de lujo que urbanizará espacios naturales protegidos, vulnerando la Ley del Suelo estatal y regional.

Las obras del mayor complejo turístico y residencial de Extremadura, en el noreste de la provincia de Cáceres, ya han comenzado. Para este resort de lujo, que estará ubicado en un islote del pantano de Valdecañas, se prevé una inversión de 200 millones de euros. Entre sus atractivos tendrá una playa artificial, pistas deportivas, un hotel de cuatro estrellas, un balneario y una urbanización de 300 viviendas, además de un puerto náutico. El complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios Marina Isla de Valdecañas, como lo han denominado, cuenta con el apoyo incondicional de la Junta de Extremadura, para quien la iniciativa privada influirá positivamente en el desarrollo económico de la región.

Además, el complejo turístico es considerado como proyecto de interés social para la zona y se espera que ayude a la revitalización de los municipios colindantes. Con esta justificación, el 10 de abril fue considerado por el Consejo de la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional. De esta forma, también se recalificaron como urbanizables los terrenos de suelo no urbanizable y de la Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA), así como zonas que están dentro de la Red Natura 2000 espacios naturales protegidos por la Unión Europea).

A pesar de que el ‘Marina D’Or de Cáceres’ se ofrece como un referente en cuanto al turismo de calidad, las opiniones contrarias no son pocas. Ecologistas en Acción de Campo de Arañuelo tramitó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura impugnando la declaración del proyecto como de Interés Regional. Según José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción, “por un lado hay una vulneración de la Ley del suelo de Extremadura y de la Estatal, porque en ningún caso se debe recalificar un terreno para hacer un complejo turístico. En todo caso, se podría recalificar si fuera una construcción para usos sociales como un centro de salud”.

En segundo lugar, el letrado apunta a que no ha habido una valoración suficiente del daño ambiental que el proyecto va a provocar. “Y en tercer lugar”, prosigue, “todos los estudios de impacto ambiental deben proponer varias ubicaciones según la ley, y éste no ha propuesto ninguna ubicación alternativa. Creemos que se debieron aplicar los principios urbanísticos y que lo lógico hubiera sido ubicar el proyecto en torno a los núcleos urbanos consolidados”.

Fuente y continúa:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=58794

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