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No hay ninguna duda de que la sociedad occidental ha asumido con naturalidad que la defensa del medio ambiente implica la necesidad de una transición energética que supere la dependencia de los combustibles fósiles. Por encima incluso de las discusiones puramente medioambientales, la idea de una coyuntura que no dependa de fuentes de energía ajenas que están en manos de países que no se rigen por principios democráticos y que, por tanto, pueden utilizar -y utilizan- esa dependencia para fines espurios, no es solo razonable sino profundamente económica. Las principales empresas europeas han asumido de forma natural ese horizonte, pero su necesidad de acceder a un suministro eléctrico estable y barato no va a desaparecer solo con los discursos bienintencionados.

Tan evidente es esto que en el caso de España hemos pasado de ser uno de los países a la vanguardia de la instalación de renovables a encontrarnos sumidos a una dependencia del gas natural y además nos hemos convertido en rehenes del conflicto entre Marruecos y Argelia que es la causa de que se haya cerrado uno de los dos gasoductos que nos suministran. Dependiendo de la evolución de esas tensiones en el Magreb las cosas podrían ser aún más inquietantes para nosotros y para los portugueses con los que compartimos esta dependencia.

Es verdad que cuando Felipe González decidió en 1994 que España abandonaría la industria nuclear no se hablaba entonces de cambio climático y aún desconocíamos muchos de los acontecimientos que han sucedido después. Visto con perspectiva, si no se hubiera tomado aquella decisión tal vez estaríamos incluso en mejores condiciones para ayudar a reducir las emisiones de CO2 y tendríamos una electricidad más barata, mientras llegan otras fuentes de energía más confiables que las eólicas o las fotovoltaicas. En todo caso, lo que no es razonable es mantener una oposición militante y en muchos casos irracional a los inconvenientes de las fuentes de energía y pretender al mismo tiermpo que haya electricidad abundante y barata.

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