Ajuca

Desde hace años, la política sanitaria de la Comunidad de Madrid ha estado dirigida a provocar un deterioro continuado del sistema público con el fin de poder justificar, posteriormente, su privatización ante los contribuyentes. Así, en lugar de aumentar el presupuesto sanitario en función de las necesidades y el aumento de la población, se vienen asignando incrementos a todas luces insuficientes, que sitúan a la Comunidad de Madrid en los últimos lugares del Estado en cuanto a gasto por habitante. A la par, se han aumentado de forma continuada las derivaciones a la sanidad privada de todos aquellos servicios que se consideran económicamente rentables, lo que ha permitido la aparición de un sector privado listo para parasitar al sector público.

Este déficit de financiación, junto con el incremento poblacional y la congelación real de plantillas, ha generado un deterioro asistencial que cualquier ciudadano puede observar y sufrir en los hospitales y centros sanitarios de nuestra Comunidad.

La aprobación de la Ley 15/97 “de Nuevas Formas de Gestión en la Sanidad”, con los votos del PSOE y del PP, abrió el camino legal que permitía transformar el sector público sanitario en un mercado y, en consecuencia, en una oportunidad de negocio más. Con la aprobación, en diciembre de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM), no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya había legitimado.

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